La gestión de Javier Milei, que prometió cerrar y privatizar los medios públicos, ha transformado estas instituciones en bastiones de influencia política, empleando a numerosos asesores y trolls en redes sociales. Con contratos millonarios y la inclusión de figuras controvertidas, la promesa de austeridad se desvanece, dejando a muchos trabajadores en la incertidumbre.

La contradicción entre discurso y acción se ha convertido en una marca registrada del gobierno de Javier Milei. Mientras que su administración proclama austeridad y eficiencia en la gestión pública, los hechos muestran una realidad opuesta: los medios estatales, lejos de ser cerrados o privatizados como se prometió, se han convertido en una plataforma para una vasta red de contrataciones millonarias y la instalación de un ejército de trolls. Esta situación no solo evidencia un uso discrecional y cuestionable de los recursos públicos, sino que también pone de relieve la hipocresía de una gestión que se ha vendido como libertaria y ajustadora.

En Radio y Televisión Argentina (RTA), entidad que agrupa a Canal 7 y Radio Nacional, el ambiente es tenso. Mientras se avanza con retiros voluntarios y despidos, se incorporan nuevos asesores y personal a menudo sin la experiencia necesaria para las tareas asignadas. Entre las contrataciones más destacadas está la de Iván Cuello y Mariano Ferro Villar, quienes perciben 2,2 y 2,3 millones de pesos mensuales, respectivamente, por realizar tareas legales. A estos se suman Marinel Ramos y Pilar Passaglia, con roles similares pero salarios más modestos.

El interventor de RTA, Eduardo González, no ha dudado en contratar a figuras polémicas como Ezequiel Acuña, conocido troll en redes sociales alineado con el libertarismo, para manejar la comunicación digital. A su lado, la ex funcionaria porteña Daiana Astobiza se suma al equipo con un sueldo de 1,5 millones de pesos mensuales, pese a carecer de experiencia previa en el área de redes sociales.

Las decisiones de la gestión actual han sido duramente criticadas, no solo por la oposición sino también por voces internas, que denuncian un despilfarro de recursos en plena crisis económica. La inclusión de personas como David Spadavecchia, Tomás Dhers y Gerardo Nierenberger, quienes han asegurado su permanencia en la estructura de RTA con contratos de duración indefinida, refuerza la percepción de una estructura que premia la lealtad política por encima de la capacidad profesional.

Más preocupante aún es la contratación de Marcelo Tinelli y Luli Fernández, con acuerdos millonarios que incluyen pagos de hasta 113 mil pesos por hora. Esto ocurre mientras los trabajadores de base enfrentan la incertidumbre de los despidos y los retiros voluntarios. La paradoja es evidente: aquellos que deberían ser despedidos por la "reducción de gastos" son reemplazados por nuevos contratados con sueldos mucho más altos, sin una clara justificación de sus funciones.

La gestión de Javier Milei ha logrado, de esta manera, transformar los medios públicos en una herramienta de propaganda y control de la narrativa, alejándose cada vez más de los principios de transparencia y eficiencia que había prometido. Esta situación no solo desdibuja los límites de la ética pública, sino que también siembra dudas sobre el verdadero propósito de estas contrataciones.

En última instancia, la administración actual parece estar utilizando los medios públicos no para servir al interés general, sino para construir una maquinaria mediática que le asegure una narrativa favorable y controle el discurso público. Esto, sin duda, es una traición a las promesas libertarias de reducción del Estado y privatización, revelando una agenda más preocupada por mantener y expandir el poder que por actuar conforme a sus propios principios.

La sociedad argentina, que enfrenta desafíos económicos y sociales significativos, merece una rendición de cuentas más estricta y transparente por parte de sus líderes. En lugar de ello, se encuentra con una gestión que prioriza sus propios intereses, disfrazada de una retórica de austeridad y eficiencia que, en la práctica, no se cumple. Este "festival de contratos" no es más que una muestra de la desconexión entre el discurso y la acción, una realidad que exige una crítica contundente y un escrutinio más riguroso por parte de todos los sectores de la sociedad.